El estallido colombiano: segundo acto
Susanna de Guio y Gianpaolo Contestabile reportan del paro nacional de Colombia y la represión estatal (6 de Mayo).
Foto por: Medios Libres Cali
Ha habido 37 asesinatos de manifestantes perpetrados por la policía, 234 casos de agresiones violentas, incluidos 26 con lesiones oculares, 15 casos de violencia sexual y de género, 66 agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas y 1728 detenciones arbitrarias es el saldo alarmante de los nueve días de Paro Nacional convocado por los sindicatos colombianos, según reportan la campaña Defender la Libertad y TembloresONG.
La masacre que están perpetrando las fuerzas policiales en Colombia ya alcanzó la atención internacional, desde los medios independientes y las redes sociales se solicita la difusión de los cientos de abusos registrados, mientras que en distintas ciudades se denuncia la censura a través de la interrupción de la señal de internet. Además el martes 4 de mayo un portavoz de las Naciones Unidas expresó una fuerte condena con respecto a la conducta de las fuerzas públicas colombianas: “Estamos profundamente preocupados por cómo evolucionó la situación en Cali durante la noche, donde la policía abrió fuego contra los manifestantes y varias personas murieron o resultaron heridas”.
Paro Nacional
Foto por: Medios Libres Cali
El 2 de mayo, el gobierno dio de baja el proyecto de reforma tributaria que era el principal objeto de las protestas, y al día siguiente el Ministro de Hacienda renunció a su cargo, pero las protestas siguieron y la respuesta estatal fue la militarización de las ciudades. Tras el retiro de la reforma, decenas de organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, indígenas de Cali y del Valle del Cauca emitieron un comunicado anunciando la prosecución indefinida del paro y pidiendo el retiro del entero “paquetazo” que incluye la reforma laboral, sanitaria y previsional. También exigen la renuncia del presidente Duque y justicia para las personas asesinadas, heridas y torturadas en los cuarteles.
Del otro lado Claudia López, la alcaldesa de Bogotá perteneciente al Partido Verde, pidió el martes la intervención del ejército en las calles de la capital. El Centro Democrático de Uribe invitó a Iván Duque a declarar la Conmoción Interior en el país, el equivalente del estado de sitio, que otorga al presidente poderes especiales para prohibir manifestaciones, destituir a los gobernadores locales y controlar directamente los medios de comunicación.
Violencia de estado
Foto por Medios Libres Cali
En las redes sociales se han multiplicado los videos que muestran los abusos de la policía, el despliegue de vehículos militares (en Cúcuta y Pasto se han movilizado tanques militares) y escenas de guerra en los barrios populares. La población colombiana respondió a la represión expresando su solidaridad a través de velatones nocturnos para recordar a las personas fallecidas durante las protestas mientras en la capital fueron atacados y quemados siete Comandos de Atención Inmediata (CAI) de la policía de Bogotá. En la ciudad de Pereira, el alcalde Carlos Maya, convocó a “todos los gremios de la ciudad y a los miembros de la seguridad privada para hacer un frente común junto a la Policía y el Ejército para recuperar el orden“.
El 5 de mayo, algunos días después del anuncio del alcalde, un plantón pacifico de manifestantes en el viaducto de Pereira fue atacado por un grupo de motorizados con armas de fuego, durante el ataque el líder estudiantil Lucas Villa recibió ocho impactos de bala. En Cali, la Guardia Indigena del Cric detuvo un camión desde el cual habían disparado contra las personas y encontraron prendas de uso exclusivo de la policía. Siempre en Cali se grabaron videos que muestran grupos de policías camuflados de civiles que atacan a la población. La amenaza del paramilitarismo civil en Colombia es una estrategia que se ha desplegado a lo largo de los muchos años de conflicto para controlar el territorio y hoy, bajo el régimen uribista, ha vuelto a representar un peligro concreto para el pueblo colombiano, no es un caso que en diferentes ciudades la gente está protestando al grito de “Uribe paraco, el pueblo esta berraco”.
Resistencia popular
Foto por: Medios Libres Cali
“Ya no aguantamos más”, es lo que se escuchaba el primer día de paro en las calles, mientras pancartas y consignas decían “el peor virus es el gobierno”. Así lo cuenta Edilson Monroy Machado, comunicador popular de Cali, la capital del Valle del Cauca, donde las movilizaciones han sido masivas y constantes desde el 28 de abril.
“La situación de crisis económica, desempleo, con el cierre de muchas pequeñas y medianas empresas en el último año, contrasta con el gasto desmedido y descarado del gobierno para financiar nuevas tanquetas de la ESMAD, la publicidad para mejorar la imagen del presidente, así como los beneficios para los súper ricos colombianos”, explica Edilson.
“Ya no aguantamos más”, es lo que se escuchaba el primer día de paro en las calles, mientras pancartas y consignas decían “el peor virus es el gobierno”
La reforma tributaria habría puesto IVA a los alimentos básicos como café, huevos, harina de maíz, habría aplicado impuestos a los salarios medios-bajos, las pensiones y hasta los funerales. También se planeaba un aumento de la gasolina, nuevos peajes en las carreteras e impuestos a las motocicletas, todas medidas que habrían afectado directamente a la economía de la clase trabajadora colombiana. A esto se suma la preocupación por otro proyecto de ley actualmente en el Congreso, una reforma del sistema de salud que agudizaría la privatización del sistema médico y empeoraría las condiciones laborales del personal hospitalario.
No es casualidad que, a pesar del pico de contagios en las últimas semanas en Colombia, los trabajadores de la salud se hayan solidarizado con las movilizaciones. La presidenta de Médicos Unidos de Colombia, Ana María Soleibe declaró que “estas marchas son la indignación de la sociedad antes todas estas políticas y este silencio del gobierno para ayudar a los ciudadanos” y denunció que en algunos hospitales los trabajadores “han tenido que entrar en paro porque llevaban hasta un año en que no les pagaban”.
Movimiento amplio
Foto por: Medios Libres Cali
Por lo tanto, no se trata de un solo proyecto de ley, sino de un paquete de reformas estructurales que están a la base del conflicto en curso desde hace años entre gobierno y sindicatos. De hecho las movilizaciones actuales se interpretan como la continuación de los levantamientos populares que comenzaron el 21 de noviembre de 2019.
En ese entonces también las protestas comenzaron con un paro nacional convocado por los principales sindicatos para frenar reformas neoliberales que incluían, entre otras medidas, la reducción del salario mínimo y nuevas privatizaciones del sistema de pensiones.
Así como hoy, en 2019 organizaciones estudiantiles, indígenas, feministas LGTBQ y de derechos humanos se sumaron al Paro Nacional, logrando transformar el conflicto sindical en un amplio y variado movimiento de protesta contra el gobierno de Duque, y denunciaban también el incumplimiento de los Acuerdos de Paz y la represión contra defensores y defensoras de los derechos humanos. Otro elemento común con las movilizaciones de hace un año y medio es el apoyo de la Guardia Indigena del CRIC, una confederación de organizaciones comunitarias de la región del Cauca que lucha por la defensa de las tierras y la autonomía de los pueblos originarios y que ha llegado en caravana desde territorios indígenas para sumarse a las marchas.
Además, en la mañana del pasado 28 de abril, activistas del pueblo Misak demolieron la estatua del conquistador español Sebastián de Belalcázar, inaugurando así el paro nacional. “Hay una relación entre estas protestas y las del noviembre de 2019, es como retomar lo que quedó pendiente con la llegada de Covid”, vuelve a comentar Edilson Monroy Machado. “Este año mucha más gente salió a la calle, y además en un contexto pandémico, mientras que Colombia enfrenta la tercera ola de contagios y las unidades de cuidados intensivos están copadas. En esta situación, es muy emocionante ver familias enteras, personas mayores salir igual a la calle para reclamar condiciones de vida dignas.”
La guerra sucia continúa
Al cuadro de grave crisis económica y sanitaria a nivel nacional, se suma la situación de los derechos humanos que desde hace años se presenta extremadamente crítica. Según Front Line Defenders, de las 331 personas asesinadas mientras defendían los derechos humanos en todo el mundo durante 2020, 177 fueron matadas en Colombia. Ya en las protestas del 2019, entre las principales demandas estaba el fin de los asesinatos de líderes sociales y campesinos, que ya llegaron a 57 solo en estos primeros cuatro meses de 2021, así como los asesinatos y desapariciones de excombatientes de las Farc (se registran 22 casos desde principios de 2021) que depusieron las armas y firmaron un Acuerdo de Paz en 2016.
Ese Acuerdo, sin embargo, fue boicoteado por el Centro Democrático, el partido del presidente Duque y de su padrino político Uribe, y nunca fue respetado por las autoridades estatales. La desmedida represión de las protestas de la última semana en Colombia se sitúa, por lo tanto, en el cuadro de un constante uso excepcional de la violencia, que es parte de las políticas de Estado. Ya el 1 de mayo, el presidente Duque había anunciado la militarización de las ciudades para reforzar la policía y los escuadrones especiales del ESMAD “hasta que cesen las graves alteraciones del orden público”.
En Cali, la escalada de violencia estatal ya estaba preparada en la tarde del 29 de abril, cuando el ministro de Defensa, Diego Molano, se dirigió a la ciudad trayendo consigo 700 policías – entre ellos miembros del ESMAD – y 300 soldados del Ejército. Las declaraciones del ministro justificaban el ingreso de otros mil agentes con la necesidad de combatir los hechos “criminales y terroristas” que se produjeron en la ciudad. El ex-presidente Uribe Vélez, al mando del actual partido de gobierno e investigado por corrupción, fraude procesal y paramilitarismo, lanzó un tuit desde su cuenta, que luego fue retirado de la misma plataforma, en el que escribió: “Apoyemos el derecho de los soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vándalico”.
Es importante reconocer una primera victoria lograda por el pueblo colombiano con las intensas manifestaciones de esta semana – el retiro momentáneo de la reforma y la renuncia del ministro de Hacienda – pero la disputa para frenar las leyes pendientes de aprobación en el Congreso aún no ha terminado. La movilización ha tomado la forma de un movimiento de protesta contra el régimen autoritario de Duque y Uribe que parece destinado a crecer. Si bien la brutalidad y la impunidad de las fuerzas policiales y militares son las únicas respuesta que viene del Estado, la población colombiana sigue saliendo a las calles todos los días con determinación inquebrantable. Como señalaron varios pancartas durante las revueltas del 2019, a la población colombiana le sacaron tanto que le quitaron hasta el miedo.
Foto por: Medios Libres Cali
Susanna de Guio es periodista, doctora en sociología de la comunicación y consultora editorial. Vive y trabaja entre Argentina y Chile desde 2016 donde se ocupa principalmente de conflictos socioambientales, feminismos y derechos humanos. Gianpaolo Contestabile es periodista freelance y mediactivista.
