Consultas Populares en México: lo que dicen sobre el gobierno de AMLO
En las notas que escribió Marx que después se convirtieron en el Volumen III de El Capital, hay una frase que dice que “toda ciencia sería superflua si la forma de manifestación y la esencia de las cosas coincidieran directamente“. Parte de los grandes méritos que ha tenido el gobierno de López Obrador en México ha sido gracias a que su esencia se mantiene muchas veces oculta, ya que ha empleado métodos sumamente novedosos para disfrazar políticas pro-empresariales y pro-imperialistas y hacerlas pasar por políticas populares, así como de ceder diversas concesiones a las clases explotadas, al mismo tiempo que divide y debilita a sus organizaciones. Uno de estos métodos han sido las famosas “consultas populares”.
El 1 de agosto se celebró una llamada “Consulta Popular para enjuiciar a los expresidentes”, organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y promovida por las bases del partido Morena y a cuya convocatoria se sumaron el EZLN, algunos grupos de víctimas del Estado como los padres de los estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, los padres de los niños víctimas del incendio de la Guardería ABC, y algunas organizaciones de izquierda.
Esta consulta se convocó apelando a una promesa de post-campaña electoral que hizo AMLO cuando era presidente electo, particularmente en una entrevista que hizo con la periodista Carmen Aristegui el 21 de noviembre de 2018, cuando prometió que lanzaría una consulta popular, una vez que se modificara el Art. 35 de la Constitución, para que el pueblo decidiera si se juzgaría a los expresidentes por su participación en actos de corrupción y por colaborar con el Cártel de Sinaloa. Incluso puso una fecha, el 21 de marzo de 2019, y agregó que consultaría al pueblo para aprobar a su consejo de asesores empresarios y la creación de la Guardia Nacional.
Al final, el presidente no consultó a nadie sobre la Guardia Nacional ni sobre su consejo patronal de asesores, pero emitió su iniciativa de consulta para enjuiciar a los expresidentes en septiembre de 2020, y a partir de ahí, un grupo de militantes de Morena, encabezados por Ariadna Bahena, la corresponsal de Telesur Alina Duarte y el sobreviviente de la noche de Iguala Omar García llevaron a cabo una campaña para recaudar las firmas necesarias para que el INE validara el proyecto de consulta.
El proyecto fue aprobado gracias a que el aparato del partido y los simpatizantes del presidente recaudaron casi 2 millones de firmas en un periodo de 15 días, tal como lo requería la ley, sin embargo, cuando la Suprema Corte discutió el proyecto, cambió por completo el contenido de la pregunta, resultando en una consulta sumamente ambigua que ni siquiera mencionaba a los expresidentes.
En ese momento muchos pensamos que Morena o AMLO protestarían por dicho resultado, pero no fue así, y al contrario, consideraron eso como un logro para la democracia. La consulta se realizó con la participación de más de 6 millones de personas, que, a pesar de ser un número muy grande, se quedó muy lejos de ser vinculante, pues el INE requería de la participación del 40% de su lista nominal, tal como lo indica la modificación a la Constitución que realizó el gobierno, lo cual equivaldría a más de 37 millones de personas, que es más gente que la que votó por Morena en 2018.
La realidad es que México está repleto de quienes exigen justicia por los actos de corrupción y atropellos que los gobiernos pasados realizaron y que afectaron a la gran mayoría de la población
La realidad es que México está repleto de quienes exigen justicia por los actos de corrupción y atropellos que los gobiernos pasados realizaron y que afectaron a la gran mayoría de la población. Sin embargo, por la misma naturaleza de la consulta, por su origen y por cómo se realizó la campaña para promoverla por parte del gobierno y de Morena, era muy fácil predecir la poca participación de la gente. De antemano estaba llena de contradicciones que demostraban que no tenía ningún sentido, ya que la mayoría de los delitos que cometieron los expresidentes ya han prescrito y existen ambigüedades en la ley sobre si el fuero los protege o no. La misma ley obliga a todo funcionario público que tenga conocimiento de actos de corrupción a denunciarlos ante la fiscalía, lo que hacía la consulta innecesaria, también debido a lo confusa y ambigua que era la pregunta, y que el mismo presidente anticipó desde hace mucho tiempo que él votaría en contra. Todo esto desanimó a la gran mayoría de los mexicanos.
Al final, a pesar de que la consulta intentaba ocultar su verdadera naturaleza, ésta puede observarse al ver el número de personas que salieron a votar, pues en última instancia, se trató únicamente de una demostración de lealtad de las bases obradoristas, cuya finalidad era lanzar el anzuelo de la “democracia participativa” para aprovecharse de la sed de justicia que tiene el pueblo mexicano, y el anzuelo desgraciadamente fue mordido por una buena parte de activistas de izquierda y organizaciones que buscaron simpatizar con las bases de Morena, incluyendo al EZLN, pero el anzuelo no fue mordido por la mayor parte de la población. Además, parte de la propaganda de Morena en la que se celebra que la participación en la consulta haya sido mayor en cantidad que los votos obtenidos por los partidos de oposición en las elecciones pasadas demuestra que la consulta tenía como finalidad demostrar el apoyo al presidente y no de buscar justicia.
Tristemente, las bases de Morena han sacado las conclusiones más equivocadas de este fenómeno, pues en redes sociales surgieron muchos mensajes en que se culpaba a la población por ser ignorante y apática ante un suceso “tan importante”, mientras que quienes encabezaron todo este proceso culpan al INE por boicotear la consulta, al mismo tiempo que celebraban que era un momento histórico en la vida política del país, por ser la primera vez que un gobierno le preguntaba al pueblo sobre algo.
Esta consulta no es la primera que AMLO emite sobre proyectos o problemas de interés nacional. Después de muchos titubeos sobre el tema, también siendo todavía presidente electo, y antes de que los proyectos de consulta popular fueran oficiales, llamó a su primera consulta ciudadana para decidir si se cancelaba el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, haciendo eco de las exigencias de muchos activistas ambientales, y principalmente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, quienes desde 2001 llevaban una larga y dura lucha contra la construcción de dicho aeropuerto.
La consulta que se lanzó en ese momento puso como alternativa la ampliación del Aeropuerto Militar de Santa Lucía, al norte de las afueras de la Ciudad de México, cosa que no satisfizo a muchas personas que estaban en contra de cualquier proyecto de nuevo aeropuerto para la ciudad, debido a su saturación y la gran contaminación que significaría, sin mencionar los problemas de movilidad y de abasto de agua.
Sin duda esto dividió a algunos grupos de izquierda y a organizaciones populares, pues en los pueblos de Tecámac, Tultepec, Zumpango y Tequixquiac surgió una oposición a la alternativa de proyecto de aeropuerto, sin embargo, no contó con el apoyo de una buena parte de las organizaciones que ya se movilizaban por la cancelación del proyecto original. En ese momento algunas organizaciones advirtieron sobre el error que sería ser partícipes de la consulta convocada por Obrador, pues sería una manera de avalar acciones u omisiones dañinas para la clase obrera y los campesinos pobres que podrían suceder mediante futuras consultas. Sin embargo, otras organizaciones mordieron el anzuelo de la consulta ciudadana, la cual resultó a favor de la cancelación de la construcción del aeropuerto en Texcoco, y de iniciar la ampliación del aeropuerto en Santa Lucía, donde muchos de los proyectos inmobiliarios que eran la verdadera razón de existir de la construcción del aeropuerto original tendrán lugar, pero con la diferencia de que al frente de dicha construcción se encuentran las fuerzas armadas.
Poco después, y todavía sin asumir funciones como presidente, AMLO lanzó su segunda consulta, en la que incluía numerosos proyectos entre los cuales se encontraban el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, a los cuales se han opuesto un gran sector de pueblos del sureste mexicano, y en especial las comunidades zapatistas, ya que estos son parte de un proyecto de despojo de tierras y privatización de ejidos para beneficio de grandes multinacionales. Cabe mencionar que la formulación de las preguntas en dicha consulta era sumamente capciosa y engañosa, por lo cual se daba a entender que cancelar dichos proyectos estaba completamente fuera de toda discusión.
A pesar de que en esta consulta también se validaron las propuestas del presidente, la incredulidad en los pueblos del sureste del país obligó a que el gobierno llevase a cabo diversos mecanismos para simular acuerdos de asamblea sin los mismos pobladores, así como otros para hacer “socios” del proyecto del Tren Maya a los ejidatarios que tendrían que ceder sus tierras a través del Programa FIBRAS. Ante esto, pobladores y ejidatarios han denunciado por fraude y extorsión al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
En marzo de 2020, el gobierno impulsó una consulta para cancelar la construcción de una planta de la multinacional cervecera Constellation Brands en Mexicali, Baja California, la cual requeriría una gran cantidad de agua en una ciudad cuyos mantos acuíferos se encuentran ya sobreexplotados, y donde el agua escasea, cuestión por la que han luchado grupos como Mexicali Resiste, que se han opuesto a la construcción de esta planta, apoyados por una buena parte de la población y quienes sufrieron persecución por parte del gobierno anterior.
Esta consulta logró darle simpatías entre los mexicalenses al gobierno morenista de Jaime Bonilla, quien había estado en medio de polémica por extender su mandato de 2 a 5 años con ayuda de legisladores del PAN. En esta consulta el 76% de los votantes rechazaron la construcción de la planta, a pesar de que existía mucha propaganda empresarial en su contra. Sin embargo, es fecha que la empresa busca mantenerse en Mexicali, y ha recurrido a varias estrategias para no soltar la plaza, incluyendo presionar al gobierno morenista del Estado para reiniciar juicios en contra de miembros de Mexicali Resiste.
De esta manera el gobierno de Obrador ha podido disfrazar de “democráticos” una serie de ejercicios que no han significado para nada una mejora en las condiciones materiales de las clases oprimidas de México, y que por el contrario le han traído mucho beneficio a grandes empresas nacionales y extranjeras, incluyendo también a las fuerzas armadas, quienes han sido socios y contratistas de muchos proyectos administrativos y de construcción en los megaproyectos.
las expectativas que creó la llegada de AMLO a la presidencia se han disuelto entre la decepción que ha causado sus pobres resultados en temas como inseguridad e impunidad
Sin embargo, la última consulta popular demostró que la popularidad del presidente ya no es capaz ya de movilizar a un sector tan grande de la población mexicana, cosa que se había previsto por los resultados electorales en la Ciudad de México un par de meses atrás, cuando la clase trabajadora fue el sector con más abstencionismo y la pequeña burguesía mostró su descontento con un voto de castigo en favor de la derecha. Y es que ya a la mitad de su sexenio, las expectativas que creó la llegada de AMLO a la presidencia se han disuelto entre la decepción que ha causado sus pobres resultados en temas como inseguridad e impunidad.
La ambigüedad y falta de compromiso para tomar acciones judiciales contra exfuncionarios de alto nivel también han exhibido el pacto de impunidad que le permitió ser presidente en primer lugar, además de la inclusión de personajes conectados a los gobiernos del PRI y el PAN en su gabinete y como directores de instituciones importantes que todavía tienen cuentas pendientes con el pueblo mexicano.
A pesar de que se intentó legitimar la consulta a través de la convocatoria por parte de grupos de víctimas conocidos como lo son los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y los padres de la Guardería ABC, su participación en dicha convocatoria fue apenas perceptible, y es más conocida la gran cantidad de quejas que han tenido sobre el gobierno actual, debido a que más que acercarse a esclarecer el paradero de los normalistas desaparecidos, a la fecha se tienen más preguntas y menos respuestas, por lo cual los padres de Ayotzinapa continuamente cuestionan lo lento que ha sido el proceso de investigación; y los padres de la Guardería ABC han denunciado también que los responsables ligados a la familia política de Felipe Calderón no han sido enjuiciados.
El presidente ya anunció que su próxima consulta popular será sobre la revocación de su mandato el próximo año, por lo cual se espera que exista una confrontación entre sus simpatizantes y quienes simpatizan más con los gobiernos pasados, siendo estos últimos relativamente muy pocos comparados con los primeros, pero de nuevo el objetivo de esta consulta no será la evaluación real de su administración, sino la agitación de las bases obradoristas para defenderlo.
Como izquierda radical, sería una pérdida de tiempo tratar de incidir en ese proceso, tal como lo fue tratar de incidir en la última consulta, pues después de todo, la llamada Cuarta Transformación no es más que la consolidación de un grupo político proempresarial por encima de otro igual, en la cual la clase obrera, los campesinos pobres y los indígenas nos encontramos en medio del fuego cruzado, por lo que será importante no desviarnos en tratar de tomar partido en una pugna interburguesa y mejor será enfocarnos en crear una alternativa política clasista y fuerte que pueda desafiar a las fuerzas políticas burguesas que mantienen a las clases explotadas a merced de la clase dominante nacional e internacional.
Para que haya justicia para todas las víctimas de los gobiernos pasados (y el actual) que han saqueado y pisoteado al pueblo mexicano, tendremos que crear instituciones propias de seguridad y justicia, pues las instituciones burguesas que existen hoy simplemente son incapaces de hacerlo, y para ello servirá de mucho seguir los ejemplos de las policías comunitarias y autodefensas armadas que han surgido en varias entidades del país, y desde luego acompañar a grupos de víctimas y de sus familiares de toda la ola de violencia que ha vivido el pueblo mexicano desde los años que inició el llamado periodo neoliberal, sin usar su nombre para beneficio de ningún grupo burgués en el poder.
Rubén Jaramillo es un trabajador mexicano que se dedica al tratamiento de agua y también es un activista de izquierda que se ha enfocado en temas ambientales y en la lucha por la defensa del territorio.
